Grupo Aristeo

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Legalteam denuncia: Nuevo procedimiento de nacionalidad española, un atraco a mano armada8 min lectura

Cuando a finales de 2015 entró en vigor el Nuevo Procedimiento de #NacionalidadEspañola nos hicieron creer que todo sería más rápido, más sencillo, más ágil. Pague usted 124 euros por un examen de castellano. Pague usted 85 euros por un examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de #España. Pague usted una tasa de 100 euros (hoy ya se paga 102 euros). Y picamos. Mordimos el anzuelo.
La rapidez se ha convertido letargo; lo sencillo en complicado y la espera en una agonía. Lo que nunca nos dijeron es que la Dirección General de los Registros y el Notariado no iba a cumplir la ley; una Normativa que establece que en un año debería estar resuelta la solicitud. Lo que nunca nos dijeron es que, si querías tener la Nacionalidad ibas a tener que pleitear en los #tribunales. Como en efecto está sucediendo.
A día de hoy apenas se han resuelto, de oficio, aquellas que se presentaron de forma telemática entre los meses de noviembre y diciembre de 2015. Claro que hay resoluciones favorables de expedientes presentados en 2016 y 2017 pero NO de oficio, sino porque el interesado se está gastando una media de entre mil y tres mil euros entre abogado, procurador y poderes para pleitos para que se le interponga un Recurso Contencioso ante la #AudienciaNacional. Y al interponerse dicho Recurso en unos tres meses tienes la Nacionalidad concedida. No llega ni tan siquiera a señalarse día para la votación y el fallo por parte del alto Tribunal. ¿Por qué? Porque el Abogado del Estado que “defiende”  o representa a la Dirección General de los Registros y el Notariado -Ministerio de Justicia-, se allana.
¿Qué es allanarse?
Pues que ante la evidente prueba de que el expediente es correcto y ante el temor de ser condenado en costas, pues opta por la vía rápida y sencilla: “Sí Señoría, no nos oponemos a que se le conceda la nacionalidad”. Y entre 3 y cuatro meses de haberse iniciado el procedimiento contencioso el interesado tiene su resolución favorable de Nacionalidad. Y da la impresión que que la #DirecciónGeneraldelosRegistrosyelNotariado no se dedica ya a resolver de oficio las solicitudes sino a foliar y enviar a la #AudienciaNacional aquellos expedientes de los que los interesados han interpuesto Contencioso.
Es lamentable. Es denunciable. Si quieres hacer valer tus derechos no te queda otra que acudir a los Tribunales.

Qué tomadura de pelo el nuevo procedimiento de Nacionalidad. Cómo hemos podido ser vilmente engañados! Cómo fuimos capaces de picar y morder el anzuelo!

Los extranjeros que han solicitado la nacionalidad con el Nuevo Procedimiento se han convertido en rehenes de la incompetencia de la administración y obligados a recurrir a la Justicia.
Cerca de 100 mil extranjeros que cumplen con los requisitos establecidos por el Código Civil español para solicitar la Nacionalidad Española por Residencia se están viendo obligados, como único remedio para hacer valer sus derechos, a recurrir a los Tribunales (Audiencia Nacional) cómo única opción para obtenerla ante una administración incompetente que no actúa.
Vayamos por partes.
El octubre de 2015 entró en vigor un nuevo procedimiento para la solicitud de la Nacionalidad Española por Residencia que prometía ser la panacea de la eficiencia: pague usted una tasa de 100 euros (ya esta tasa a día de hoy son 102 euros), pague usted una tasa de 124 euros por un certificado de apto de lengua castellana (#DELE A2 o más euros si es un certificado superior) y pague usted 85 euros por un certificado de apto de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (#CCSE). Pague todo esto -sin contar lo que cuestan en el país de origen de los solicitantes los certificados de nacimientos, de sus hijos, los certificados de matrimonios, los certificados de antecedentes penales- y en un año (dice la Normativa) su solicitud deberá ser resuelta.
Y no, no es un capricho de #Legalteam el decir “un año”.
El artículo 11.3 y concordantes del Real decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la #nacionalidadespañolaporresidencia establece lo siguiente:

“…el procedimiento deberá ser resuelto y notificado en el plazo máximo de un año desde de que la solicitud haya tenido entrada en la Dirección General de los Registros y del Notariado. Transcurrido el plazo aludido sin que haya recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes formuladas por los interesados”.

Y es aquí donde está el truco. A día de hoy sólo se han resuelto de oficio unos 350 expedientes y todos, absolutamente todos, corresponden a los presentados durante los meses de noviembre y diciembre de 2015. La mayoría de las presentaciones siguen sin ser resueltas aún cuando ya pasara más de un año desde que fueron presentadas. Y mientras, los administrados, desesperados y cabreados con toda la razón del mundo; viendo cómo sus derechos son literalmente pisoteados por una administración incompetente o; tal vez incapaz de resolver sus solicitudes de Nacionalidad Española por Residencia.
Y decimos “incapaz” porque con apenas cinco u ocho funcionarios será imposible solucionar los cientos de miles de expedientes que están en el “limbo tecnológico”; en una plataforma virtual que en su momento pareció ser el último grito tecnológico pero que no ha sido más que un espejismo. El RD 1004/2015, de 6 de noviembre; y que regula el nuevo procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia es una norma envenenada y rancia.

De nada sirve tanta tecnología si no existe personal humano suficiente para atender el reclamo de tanta gente honesta e integrada en la sociedad española que solo intenta hacer valer su derecho de ser españoles.

Y hoy nos encontramos con que sí, hay muchos más expedientes de solicitudes de Nacionalidad resueltos favorables; pero NO de oficio, sino porque los interesados se han vuelto obligados a interponer, para hacer valer sus derechos, Recursos Contenciosos ante la Audiencia Nacional; pero claro; ya sabemos que gratis no es. Es tiempo y gastos en abogado, procurador y ante un notario formalizar el conocido Poder para Pleitos. Los recursos hoy se han disparado en cuanto a número y en cuanto a honorarios. Nos constan Recursos de entre 1500 y 2000 euros.
Y es justo eso lo que nos molesta, que el extranjero, tras pagar ingentes cantidades de dinero para un procedimiento que pareció ser sencillo, se vea obligado ahora a interponer un Recurso Contencioso.

Por medio de esta exposición, una vez más, queremos denunciar la falta de celeridad de los poderes públicos y la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil es parte de esos poderes públicos; al depender del Ministerio de Justicia.

Los poderes públicos están sometidos a lo que conoce como principio de buena administración, que les obliga a resolver las solicitudes en el plazo legalmente establecido. La administración pública también en el ejercicio de sus funciones debe respetar el principio de diligencia, que supone que debe resolver las solicitudes de los administrados observando todas las normas de procedimiento establecidas sobre todo cuando pueden causar perjuicios en derechos fundamentales debido la lentitud de su respuesta. El propósito de rapidez no siempre se hace realidad. Por este motivo, se tiende en las modernas legislaciones, a establecer un procedimiento abreviado o de urgencia para resolver las dificultades derivadas de unas estructuras organizativas lentas e incluso para poder reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado si fuera necesario.
Fruto de la entendible desesperación, muchos piden cabezas (metafóricamente hablando; por supuesto); y responsabilizan de este caos a Dña. María del Mar Álvarez López, Subdirectora adjunta de Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil; pero quienes nos dedicamos a estos temas desde hace más de 15 años sabemos perfectamente y nos consta; el inestimable esfuerzo de Álvarez López; una funcionaria que se deja la piel en su trabajo y que lamentablemente es la única persona que da siempre la cara en todo momento. Y es quizás esa generosidad de dar la cara la que hace que siempre sea ella quien se lleve los platos rotos de esta historia. Si existieran 30 funcionarios como María del Mar Álvarez López este caos quedaría resuelto. Pero ni hubo voluntad con el anterior gobierno y aunque nos duela decirlo; parece que con este tampoco.
El Partido Socialista estuvo jugando un papel muy activo con este tema mientras estaba en la oposición. Pero ya se sabe que desde la oposición la boca puede permanecer abierta pero las manos están atadas. Ahora no. Ahora no se está en la oposición. Ahora se está en el lugar correcto para tomar decisiones que resuelvan este verdadero caos, pero mientras se resuelve; si es que lo resuelven, los ciudadanos seguirán siendo rehenes de la incompetencia de la administración y se verán obligados a recurrir a la Justicia.
Fuente: Legalteam

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