En LexNet iba todo bien hasta que empezaron a suceder cosas raras. El desastre ocasionado por la plataforma de gestión y digitalización de la Justicia española está sufriendo un revés tras otro: sus fallos y vulnerabilidades no solo están afectando al Ministerio de Justicia, sino también a las empresas que lo ejecutaron—y a su tradición de subcontratar programadores al peso—, a los presupuestos de dinero público gastado en su contratación y, en general, a la imagen de un sistema judicial cuya seguridad informática parece más endeble que nunca, habiendo dejado al descubierto miles de procesos legales abiertos y a la vista de cualquiera.
Pese a la insistencia de Rafael Catalá por restarle importancia al asunto, lo cierto es que el ministro de Justicia va a comparecer en el Congreso para dar explicaciones. La situación no es para menos: según los expertos consultados por este periódico, LexNet volverá a fallar sí o sí, ya que tiene “gravísimos agujeros de seguridad”.
Por ello, el Gobierno no ha tenido más opción que ponerse manos a la obra y sacar de nuevo la chequera para intentar solucionar el entuerto. Así pues, el Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy acaba de aprobar una inversión de 61,2 millones de euros para solucionar los problemas derivados de LexNet, sus innumerables vulnerabilidades informáticas y las deficiencias con que las comunidades autónomas aún se encuentran a la hora de integrarse en la nueva plataforma.
1) Centro de proceso de datos: 36 millones
La mayor partida es tan onerosa como imprecisa: según el propio Consejo de Ministros, se destinarán más de 36 millones de euros a “la adquisición de servidores físicos de alto y medio rendimiento y evolución de la plataforma de virtualización, la solución de almacenamiento de alto rendimiento en alta disponibilidad y la potenciación y ampliación de la capacidad de la plataforma de ‘backup”.
En cualquier caso, el Ministerio de Justicia reconoce que el proceso de digitalización del sistema judicial español “ha supuesto un gran crecimiento en el volumen de datos”, con lo que gran parte de este presupuesto irá destinado, efectivamente, a la compra de ‘hardware’ y servidores para los sistemas judiciales y al perfeccionamiento de los programas que mantienen ‘online’, entre otras cosas, las plataformas digitales que giran en torno a LexNet.
Los servidores y tecnologías de almacenamiento serán comprados a Hewlett-Packard
La licitación y entrega de los materiales se harán efectivas antes de los próximos dos meses. El Gobierno ha optado por encargar todo el equipamiento a Hewlett-Packard Servicios España (HP), ya que la compañía, según el Ministerio de Justicia, es “la única que dispone de las referencias necesarias en su catálogo”.
2) Mejoras tecnológicas: 19,1 millones
Además, el Gobierno también va a invertir 19,1 millones de euros en aplicar diversas mejoras tecnológicas en todas las plataformas digitales asociadas a Justicia, incluida LexNet. En concreto, el ministerio asegura que contratará “servicios de operación de las aplicaciones y servicios de la Administración de Justicia y de las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones asociadas a las mismas”.
Está claro que los constantes fallos de LexNet no pueden repetirse: así pues, el Gobierno se ha marcado como objetivo “disponer de un servicio que permita la normal prestación de estas funciones simplificando la gestión y ejecutando los proyectos de actualización y mejora, así como la resolución de incidencias, peticiones o problemas”.
Las negligencia informáticas de LexNet supusieron la caída del servicio durante varios días
Todo ello, en definitiva, a fin de que los servicios tecnológicos de Justicia tengan una “disponibilidad absoluta durante las 24 horas de todos los días del año, con todas las garantías, requisitos tecnológicos y rendimiento necesarios”.
Este contrato, de entre 12 y 21 meses de duración, aún no ha sido adjudicado a ninguna empresa: en las próximas fechas, el Ministerio de Justicia procederá a su contratación mediante licitación abierta…
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