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Convenio con el Consejo General de la Abogacía Española para Nacionalidad Española por Residencia4 min lectura

Resolución de 30 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española, de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes de nacionalidad española por residencia en representación de los interesados(Publicada en el BOE en fecha 13/09/2017). Convenio con el Consejo General de la Abogacía Española para Nacionalidad Española por Residencia Este Convenio tiene por objeto establecer un marco general básico de colaboración que articule y favorezca las relaciones entre el Ministerio de Justicia y sus órganos dependientes –especialmente, la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN)–, y el Consejo General de la Abogacía Española, para el desarrollo de actuaciones dirigidas a facilitar a los ciudadanos los servicios de información, asistencia y consulta, en la presentación de la documentación necesaria para la gestión de los expedientes de adquisición de la nacionalidad por residencia.

 

En particular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de Noviembre, se suscribe el presente convenio de habilitación «para la presentación electrónica de documentos en representación de los interesados», así como para regular los procedimientos y requisitos para la remisión telemática de la documentación, debidamente indexada y metadatada.

 

A estos efectos la Dirección General de los Registros y del Notariado podrá, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, encomendar a los Consejos de Colegios Profesionales, como Entidades de Derecho Público, la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios tales como el tratamiento o revisión de la documentación aportada por los Profesionales colegiados.Dichas tareas tendrán como objetivo contribuir a la «naturaleza electrónica del procedimiento» recogida en el artículo 3 del referido Real Decreto.

 

El Convenio afecta a los trámites exigidos para la adquisición de la nacionalidad por residencia de los ciudadanos representados a través de los profesionales adscritos a los Colegios de Abogados.

 

 

Los colegiados podrán solicitar la adhesión al presente Convenio mediante la firma del Anexo I. En virtud de la citada adhesión el colegiado quedará validado ante la aplicación electrónica del Ministerio de Justicia para solicitar, por cuenta del ciudadano al que representa, la concesión de la nacionalidad española por residencia.

 

El profesional deberá quedar habilitado por el solicitante para representar e intervenir en su nombre, así como para recibir documentos y comunicaciones de la Administración hacia el mismo. El mandato de representación quedará en poder del profesional, pudiendo ser requerido en cualquier momento por la Dirección General de los Registros y del Notariado.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.3 del Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, la intervención de los profesionales habilitados, que suscribirán los documentos aportados con certificado reconocido de firma electrónica, quedará supeditada a la decisión del solicitante, sea este último el interesado o su representante legal, no siendo necesaria por tanto la intervención del profesional para la tramitación del expediente ni actuando dicho profesional por cuenta del órgano competente sino únicamente por cuenta del solicitante, por lo que la función del profesional no será la del encargado del tratamiento sino la de representante y mandatario del solicitante del expediente, conservando la documentación y realizando las actividades reseñadas por cuenta de este y no de la Administración Pública.

 

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.4 del Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, en los casos de presentación de documentos por medio de la correspondiente aplicación telemática, el Consejo General se limitará a poner a disposición de la Administración Pública las herramientas electrónicas que posibiliten la realización de la solicitud, sin que en ningún caso puedan constituirse el Consejo General y sus medios electrónicos en registros administrativos...

Seguir leyendo más sobre este convenio aquí

 

Fuente: https://blogextranjeriaprogestion.orghttp://www.boe.es/

 

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